Uno, que no es letrado
ni tenedor de títulos sobre la pared, lee cosas y algunas le llaman sobremanera
la atención. Me explico, un Auto judicial es el veredicto final a una causa y,
digo yo, que ese auto debe ser inmaculado en cuanto a su contenido pues, si no
fuera así, qué credibilidad podría tener. Es el medio a través del cual el
magistrado firmante informa y traslada las conclusiones de sus investigaciones
sobre el caso en cuestión. Y en estos casos no tratamos de temas baladíes y sí
de consecuencias muy importantes y transcendentales, tanto para unos como para
otros.
Leía el auto de la sala
de lo Penal del Tribunal Supremo y en sus “Antecedentes de hecho” punto primero
decía … “Al existir indicios racionales de criminalidad contra Doña Tamara,
Alcaldesa de Cartagena y Diputada en las Cortes Generales en la presente X
Legislatura, como así consta acreditado en autos”.
Lo primero que me viene
a la cabeza es que ya empezamos mal: ¿Cómo pueden errar en el nombre de la
persona objeto de la causa? Si yerran en esto qué credibilidad tendrá lo que
viene después? Si llamamos Tamara a quien se llama Pilar Barreiro, qué de
cierto habrá en el resto. Si no hay exactitud en el nombre del sujeto, cómo la
habrá en cualquier fundamento posterior. En las tres primeras páginas se repite
tres veces el nombre de Tamara, como alcaldesa de Cartagena, o también podría
haber sido la alcaldesa de villa enanitos de abajo, porque, ya puestos, parece
que es irrelevante saber de quién estamos hablando, quién es la imputada. No hay verdad, ni exactitud en lo que se dice
y con este pésimo inicio continúo la
lectura del auto.
En su apartado II.
Razonamientos Jurídicos, me llama la atención lo siguiente: “…se practicaron
las diligencias necesarias en averiguación de los hechos presuntamente delictivos
atribuidos a la Alcaldesa. Dichas pruebas estuvieron constituidas por la
declaración de Doña Tamara, el pasado 5 de marzo, asimismo se aportó numerosa
documental, así como los planos correspondientes…” O lo que es lo mismo, el
juez instructor solo ve necesarias las pruebas que aporta Tamara, o sea, la
imputada. Es el acusado el único que aporta pruebas que, lógicamente, le serán
favorables en su defensa, ¡faltaría más! Esas pruebas contienen un interés
claro que es el que responde a los intereses de la acusada y, quizás, no a los
intereses de la propia Justicia.
Ya en el apartado III… “Tras
la práctica de las diligencias de instrucción se descarta todo vestigio de
indicio del delito imputado, ya que toda la tramitación de la Modificación
Puntal 113 se ha llevado a cabo conforme a las normas establecidas por las
disposiciones vigentes en cada fase de tramitación.” Subrayo este párrafo
porque indudablemente será cierto, aunque también es posible que el “criminal”
haya eliminado, previamente, todas las posibles alarmas que delataran su
crimen. Quizás la voluntad manifiesta y los indicios en el tiempo conducentes a
procurar un fin no sean de importancia. Pondré un ejemplo: “Una banda criminal
fija su objetivo en perpetrar un gran golpe en un gran banco. Lo primero es
planificar y estudiar qué inconvenientes tendrán en contra y procurar
eliminarlos, cosa que lleva su tiempo. Así van detectando y eliminando todo
aquello que no les conviene para su plan magistral. Al final dan el golpe y se
hacen con el botín. Si son descubiertos irán a la cárcel y tendrán que devolver
lo robado. No les será de eximente la eliminación previa de todas las alarmas
que el Banco instaló en defensa de su dinero, aunque sean sus propias
argumentaciones ante el juez las únicas que se cotejen”. Algo parecido puede
haber sucedido aquí. Hay un territorio protegido de la especulación
inmobiliaria en donde algunos se fijan y
se alían con los necesarios para procurar los cambios de la protección y
conseguir sus objetivos. Son los años de la locura inmobiliaria y especulativa
que nos ha llevado a la ruina en la que estamos hoy. No nos olvidemos de la
desaladora de Escombreras que también juega en el plan y que tan cara estamos
pagando.
En cualquier caso, este
auto de diez hojas se carga el trabajo de otro magistrado, Manuel Abadía, que
le llevó 8 años de minuciosas investigaciones y donde “los indicios racionales
de criminalidad contra la alcaldesa de Cartagena son muy sólidos y consistentes”.
En él supimos de otros imputados como el consejero de agricultura, Cerdá, de
tan presurosa e intencionada dimisión y de las numerosísimas cuentas corrientes
que muchos de los altos funcionarios o políticos implicados en el caso tenían y
del relevo de funcionarios que no comulgaban con esta historia. Construir dos
campos de golf, dos hoteles y 10.000 viviendas conlleva una grandísima
inversión y, por lo conocido hasta ahora y en estos últimos años en España, el enriquecimiento
de unos pocos, a costa del empobrecimiento de la mayoría. Tampoco olvidemos
aquello que dijo Guillén sobre Pilar, de que iba a largar y desvelar las
presuntas falsedades vertidas contra el en el T. Supremo. Recordemos el “Pacto
de Silencio” al que llegaron en el despacho de unos abogados en Cartagena y del
que solo ellos sabrán.
Por otro lado, verá el
lector que no entro en los temas de fondo del PORN, del PGOU, del PGMO, del
SNUE, del SGEL, de la Red Natura y de cualquier otra figura normativa, no soy
experto en ellos.
Lo que si reitero es la
ligereza con la que se tratan determinados temas que son del interés general de
los ciudadanos por parte de algunos altos estamentos del Estado y que flaco
favor hacen a esta democracia con resoluciones de las que previamente todos
hemos sido capaces de deducir su final y en las que se intuye cierta
intromisión de personajes oscuros que, aprovechándose de las sombras y el poder
que ostentan, ellos y los que les mandan, tergiversan y manipulan el normal
desarrollo de, en este caso, algo tan sagrado como la Justicia, que queda
convertida en un instrumento más del mercadeo de bajos y soeces intereses de
aquellos que consideran a este País como de su propiedad.
Habría que ir pensando
en incluir a esta Justicia en el ránking de las mayores preocupaciones de los
españoles, como ocurre con el desempleo, la sanidad, la educación y la
situación de la economía.
Termino diciéndoles que
el 24 de este mes, elecciones municipales y autonómicas, serán una muy buena
oportunidad para expulsar de los poderes públicos a aquellos que piensan que Lo
Público es solo suyo. Solo así se podrá empezar a cambiar las cosas que ocurren
con el mayor de los descaros y sinvergonzonería y con la mayor afrenta que se
puede hacer a los ciudadanos honrados de este País y que somos la mayoría.
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