Hemos conocido de la
profusión de obras emblemáticas que este arquitecto recibió de distintas
administraciones de la Región, todas ellas gobernadas por el PP. Y de los
millones que nos han costado a los ciudadanos y de que algunos de estos
proyectos ni están terminados ni puestos en valor. Pero hay una que sobrepasa,
con creces, todas las previsiones. Una que pasó de un proyecto inicial de 24
millones de euros a 65. Les hablo del Auditorio y Palacio de Congresos de El
Batel en Cartagena. Un capricho de una ex alcaldesa, ahora aforada senadora
popular, que nos ha costado y está costando muy caro a todos los cartageneros.
Es verdad que fueron revisados por las autoridades judiciales todos los
procesos y que pareció estar todo en orden, según se dijo. Pero muchas veces
ese orden no es correspondido con el daño provocado a las finanzas municipales,
ni con la percepción ciudadana.
Porque hay algo que me
parece inadmisible: Que un proyecto triplique su importe final no puede
justificarse de ninguna manera, eso
significa un engaño e incluso un fraude al administrado, que es quien siempre
termina pagando la mala praxis de unos y de otros.
Los caprichos no los tiene
que pagar el ciudadano y para ello la administración correspondiente cuenta con
técnicos; arquitectos; interventores; jurídicos, etc., todos sobrados de
experiencia y preparación para evitarlos.
Entre unos y otros y su
pésimo ejercicio de la economía han hecho que la sociedad a la que sirven se empobrezca
quedando ellos totalmente al margen de ese empobrecimiento general.
Algo falla cuando se
justifica con aquello de que todo el dinero está invertido en la obra en
cuestión y la obra, o no está terminada o nos ha costado más de tres veces su
importe previsto. Esto no puede ser admisible. Alguien ha fallado, alguien ha
incurrido en un continuado error. Alguien recurre al empecinamiento porque,
sencillamente, esto no está recogido en el Código Penal. No es suficiente
dejarlo al albur de las siguientes elecciones, eso no es ni justo, ni serio, ni
acorde con el ejercicio de la buena economía que ha de prevalecer en toda
administración que precie serlo.
El tiempo pasa y parece
curar todas las heridas, pero los préstamos se siguen pagando año tras año en
detrimento de otras obras, con mayor repercusión en la ciudadanía, que debieran
haber sido acometidas de no ser por la obcecación de quien tiene la capacidad
de ordenar y repartir beneficios interesados del tipo que sean. O en detrimento de los
maltrechos bolsillos de los siempre mal administrados ciudadanos.
En Cartagena, además, hay
otro caso muy parecido. El Palacio de Deportes, otra obra que sumar a todo lo
expuesto. Sin acabar y doblado su presupuesto inicial. Hoy no le hablaré de la
infinidad de obras que costaron un riñón y parte del otro. Haberlas, haílas que se dice.
Veinte años a pólvora de Rey,
cuarenta de abstinencia obligada y sesenta de quejas y lamentos.
¡Así nos va!
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